Toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Foto de Viki Ospina.

Ejército Nacional de Colombia hacia las 3:00 p.m. aprox. en la Operación Rastrillo o “Plan Tricolor 83” para la retoma del Palacio de Justicia. Fotografía: Viki Ospina. (1985). Colección Viki Ospina, Archivo de Bogotá.

Durante la segunda mitad del siglo XX, a causa del orden mundial que se había impuesto durante la Guerra Fría (1945-1989), el mundo se hallaba divido en dos, un mundo capitalista y otro comunista. Los enfrentamientos ideológicos de esta época llevaron a la conformación de grupos en distintas partes del mundo que exigían mediante la lucha armada una presión a los estados, tanto capitalistas como comunistas, para el reconocimiento de nuevas posturas y actores en la política nacional e internacional. En el caso colombiano, la conformación de la primera generación de grupos armados revolucionarios –las FARC-EP (1964), el EPL (1965) y el ELN (1964)– estuvo marcada por los ecos de la Revolución cubana (1953-1959) liderada por Fidel Castro y Ernesto “El Ché” Guevara. Una década más tarde, se daría inicio a una segunda generación de expresiones armadas, presente desde los años setenta del siglo XX y en función de procesos nacionales, como el Movimiento Armado Quintín Lame (1984), bautizado en honor al líder nasa perseguido por su lucha en favor de las comunidades indígenas del sur del país, y el mismo M-19, creado entre 1970-1974 tras el descontento desatado por los resultados de las elecciones de 1970, en las que la ANAPO, el partido de Gustavo Rojas Pinilla y su hija María Eugenia, quienes contaban con el apoyo de la izquierda socialista de la época, denunciaron un fraude ante la victoria del conservador Misael Pastrana Borrero, último presidente del Frente Nacional (1957-1974).

De esta manera, Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina, José Gregorio Lozano, seguidos de estudiantes, intelectuales y miembros de organizaciones y movimientos sociales, darían inicio a uno de los grupos armados más mediáticos de la segunda mitad del siglo XX. Entre sus propuestas, tenía como principal estrategia actuar mediante la lucha urbana y rural vinculando a los sectores populares más desfavorecidos y, sobre todo, generar un sentido de aprobación en el común de la población mediante el uso de símbolos nacionales y estrategias mediáticas en diversas operaciones. Entre sus golpes mejor recordados se destaca el robo de la espada de Simón Bolívar, primera acción de esa organización, hurtada por el grupo en 1974 y extraviada hasta el día de hoy. En 1991, con motivo de la Asamblea Nacional Constituyente y la promulgación de la Constitución Política que hoy nos rige, este grupo armado entró en un proceso de desarme y reintegración a la vida civil, conformando partidos políticos como el ya extinto Movimiento Alianza Democrática M-19 y los partidos Opción Centro y Polo Democrático Alternativo.

La Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos, más conocida como la toma del Palacio de Justicia, en 1985, es uno de los sucesos más deplorables de la historia nacional y ha dado para cuestionar al grupo armado por las desastrosas consecuencias físicas y humanas: 48 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una conflagración que conmocionó al país entre las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre hasta la noche del día siguiente.

Las investigaciones recientes han comprometido en el Holocausto de la Justicia a narcotraficantes, altos mandos del ejército y autoridades estatales involucradas en obstruir el proceso de extradición que se adelantaba ese día para definir la situación legal de algunos cabecillas de la mafia conocidos como los Extraditables. Por otro lado, la responsabilidad del Estado en este proceso se debe a la censura e incomunicación que de este suceso se dio por parte del Ministerio de Comunicaciones en los diferentes medios, la manipulación de los restos óseos y prendas sin tener en cuenta los protocolos establecidos por Medicina Legal, además de la falta de una postura ética por parte de las fuerzas militares, quienes priorizaron el aniquilamiento de los guerrilleros armados sobre las vidas de los rehenes.