Archivo de Bogotá Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Líder del Plan Distrital de archivos de derechos humanos, memoria histórica, paz y reconciliación: Un patrimonio para Bogotá con enfoque de derechos. DDAB

Necesitamos la historia, pero no como la
necesita el ocioso hastiado en el jardín del saber.
Friedrich Nietzsche, Sobre la utilidad
y los perjuicios de la historia para la vida[1]

A partir de la anterior cita de Nietzsche y del caso de las fuentes asociadas al Holocausto del Palacio de Justicia, podemos subrayar la función social del patrimonio documental a la luz del concepto de verdad histórica y de su dimensión colectiva, a propósito de la conmemoración del pasado 6 y 7 de noviembre, de los treinta y cinco años de ocurridos los hechos.

El Holocausto del Palacio de Justicia, nombre que designa la gravedad de lo acontecido en 1985 y sin precedentes en la historia de Colombia, continúa representando uno de los capítulos sin resolver en nuestra historia reciente, dejando un centenar de muertos y once víctimas de desaparición forzada, condición reconocida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los familiares de las víctimas continúan en búsqueda de la verdad, una verdad a la que tienen derecho en el marco de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras -1448 de 2011- y del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en cumplimiento del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, negociado con la ex - guerrilla de las FARC en 2016. El derecho a la verdad, en su dimensión individual es atribuido en primera instancia a las víctimas y sus familiares, derecho que tiene dos ámbitos de esclarecimiento: la verdad judicial y la verdad histórica. Esta última de gran relevancia, al contribuir a la realización del derecho a la verdad, en tanto es aceptada la gran dificultad del aparato judicial para esclarecer todos los crímenes perpetrados en un contexto de violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. No obstante, la dimensión individual del derecho a la verdad es complementada por una dimensión colectiva que le es asignada a la sociedad como un derecho inalienable y también un deber ético.

El derecho a la verdad, en tanto derecho colectivo, tiene una función para con la sociedad e implicaciones sobre el rol del Estado, por cuanto este derecho “… hunde sus raíces en la historia, para evitar que puedan reproducirse en el futuro las violaciones. Como contrapartida, al Estado le incumbe, el “deber de recordar” a fin de protegerse contra esas tergiversaciones de la historia que llevan por nombre revisionismo y negacionismo; en efecto el conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y debe por ello conservarse. Tales son los principales objetivos del derecho a saber como derecho colectivo.”[2].

Toma del Palacio de Justicia. Colección fotográfica Vicky Ospina. 1985. Dirección Distrital archivo de Bogotá.

El deber de recordar o deber de memoria del Estado fue incorporado a la Ley de Víctimas y restitución de tierras, que fue prorrogada recientemente por el Congreso hasta 2031. “En principio, el alcance de este deber se interpreta en beneficio de las víctimas y la sociedad, en la medida en la que le corresponde al Estado generar las condiciones para que la sociedad avance en sus propios ejercicios de memoria. Esto implica que la oferta institucional del Estado debe diseñar mecanismos efectivos para que la sociedad civil se apropie de su memoria y su patrimonio, y las voces de las víctimas sean privilegiadas y escuchadas en un ambiente de tolerancia y promoción del debate, en donde el papel del Estado sirva de canal, o de apoyo para potenciar esas voces, sin posibilidad para la censura, a fin de prevenir las deformaciones de la historia dirigidas a negar tales hechos”[3]

En este sentido, poner a disposición de las víctimas y la sociedad en su conjunto, las fuentes documentales relacionadas con los derechos humanos custodiadas por el Archivo de Bogotá, promover su uso y apropiación, son imperativos que ponen de manifiesto la importancia de su rol en la construcción de paz y la reconciliación, y una cultura de los derechos humanos para Bogotá, en cumplimiento de su deber de memoria. Estas fuentes documentales están constituidas por documentos de origen público y privado, en diferentes soportes que dan cuenta de una diversidad de aspectos relacionados con los derechos humanos, la memoria histórica, la paz y la reconciliación, los cuales constituyen parte del patrimonio documental de relevancia excepcional para la ciudad y para el país.

Este patrimonio, reúne entre otros, documentos que pueden aportar información valiosa asociada a los hechos del Palacio de Justicia, entre ellos por ejemplo, los libros de inhumaciones de los tres cementerios (central, sur y chapinero) que fueron administrados por la Empresa Distrital de Servicios Públicos – EDIS-, hasta su liquidación en 1993, los cuales han sido consultados por la Fiscalía para la investigación de los casos de desaparición forzada vinculados a los hechos; por otra parte, el archivo del Teatro el Local, que produjo una de las obras de teatro más emblemáticas relacionadas con el drama familiar de los muertos y las personas desaparecidas forzosamente, ‘La Siempreviva’, que retrata una perspectiva del conflicto más allá del esclarecimiento, y es la humanización de la guerra, ese lado del drama humano que poco se registra en los medios, y que nos interpela sobre lo absurdo de la guerra; y por último, la colección fotográfica de Vicky Ospina, quien para esa época trabajaba para la Agencia Reuters, para quien hizo la reportería gráfica de los hechos del 6 y 7 de noviembre alrededor del Palacio de Justicia, trabajo que produjo más de 160 fotografías sobre este caso, imágenes digitalizadas que custodia el Archivo de Bogotá.

Afiche obra de teatro La Siempreviva. Colección Teatro El Local. Dirección Distrital Archivo de Bogotá

A propósito del valor social de la fotografía, Susan Sontag escribe en su libro ‘Ante e dolor de los demás’, refiriéndose al texto de Virginia Woolf ‘Tres guineas’ publicado a mediados de 1938 y escrito en medio del avance de la insurrección fascista de España:

“El conjunto de imágenes incesantes (la televisión, el video continuo, las películas) es nuestro entorno, pero a la hora de recordar la fotografía cala más hondo. La memoria congela los cuadros; su unidad fundamental es la imagen individual. En una era de sobrecarga informativa, la fotografía ofrece un modo expedito de comprender algo y un medio compacto de memorizarlo.”[4]

Toma del Palacio de Justicia. Colección fotográfica Vicky Ospina. 1985. Dirección Distrital Archivo de Bogotá

Esta es una idea interesante que privilegia la imagen fija, sobre las demás fuentes, en especial las asociadas a las imágenes en movimiento, sobre todo por la sobreexposición de imágenes que hoy nos invaden a través de redes sociales. Pero, Susan Sontag, nos señala una reflexión más poderosa acerca de esa función social de la fotografía y pertinente a la hora de plantear la dimensión colectiva del derecho a la verdad en medio de una sociedad indolente:

“No debería suponerse un <nosotros> cuando el tema es la mirada al dolor de los demás.

¡Quiénes son el <nosotros> al que se dirigen esas fotos conmocionantes? Ese <nosotros> incluiría no únicamente a los simpatizantes de una nación más bien pequeña o a un pueblo apátrida que lucha por su vida, sino a quienes están solo en apariencia preocupados -un colectivo mucho mayor- por alguna guerra execrable que tiene lugar en otro país. Las fotografías son un medio que dota de <realidad> (o de mayor realidad) a asuntos que los privilegiados o los meramente indemnes acaso prefieren ignorar.”[5]

Las fotografías, y en especial las de las víctimas, las que atesoran sus familiares como lo único que les quedo de ellas, la que sostienen en los plantones en los que exigen verdad y justicia, con las que se resisten a permitir que sus víctimas queden en el olvido, nos deberían interpelar a toda la sociedad. Esta interpelación recae sobre un principio ético que nos concierne a todos, generar y brindar a las nuevas generaciones garantías para la no repetición de la guerra y la violación sistemática de los derechos humanos, pero esas garantías sólo pueden ser sólidas si se construyen a partir del reconocimiento de una verdad incómoda que debemos estar en capacidad de aceptar,  esa verdad histórica, que se está construyendo y que tiene la función de ser legado, en el sentido en el que señala la jurisprudencia internacional, ser patrimonio.

Familiares de las víctimas de desaparición forzada con las fotos de sus seres queridos en la equina del Museo Casa del Florero, lugar al que fueron llevadas vivas y luego desaparecidas. Fotografía tomada de: ips.org. [6]    

Plantón de los familiares de desaparecidos del Palacio de Justicia. Fotografía tomada de: Archivo[7]

Al Estado y sus instituciones de la memoria, les corresponde contribuir decididamente a la construcción de una paz sostenible, a través de un compromiso colectivo de pedagogía social para la no repetición que propenda por una conciencia colectiva basada en el principio de la universalidad de los derechos humanos y al acceso a la información pública. Estas reflexiones hacen parte del marco conceptual con el que estamos diseñando desde la Dirección Distrital Archivo de Bogotá, el Plan distrital de archivos de derechos humanos, memoria histórica, paz y reconciliación: un patrimonio para Bogotá con enfoque de derechos.

Fuentes y/o biblografía

• LÖWY, Michael. Walter Benjamín Aviso de Incendio. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2005.
• COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Principios internacionales sobre impunidad y reparaciones. Compilación de documentos de la Organización de las Naciones Unidas- ONU-. Bogotá, Opciones gráficas Editores. 2007.
• SONTAG, Susan. Ante el dolor de los demás. De bolsillo. Random House Modadori. 2011.
• GAMBOA, W., LOAIZA, M., ROA, J. (2015) Memoria histórica y patrimonio cultural: su contribución a la restauración del tejido social, en un escenario de post conflicto en Colombia en Cátedra Unesco y Cátedra Infancia: justicia transicional y memoria histórica. Bogotá. Universidad Externado de Colombia.