Archivo de Bogotá Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Por Jose Luis Alarcón Velandia. Profesional Universitario Código 219 Grado 18. Dirección Distrital de Archivo de Bogotá 

En Colombia, el Estado tiene el deber de garantizar y propiciar las condiciones para que cualquier expresión de la sociedad pueda llevar a cabo ejercicios de reconstrucción de memoria del conflicto armado. Este “Deber de memoria del Estado” se estableció, como aporte a la realización del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, en el artículo 143 de la Ley 1448 de 2011¹. 

En el ámbito documental, este deber se traduce en que el Estado colombiano debe garantizar el acceso a los documentos públicos que contengan información relativa a las violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos y a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario sucedidas en el marco del conflicto armado, teniendo en cuenta el marco regulatorio del ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública establecido en la Ley 1712 de 2014. 

Sin embargo, dada la importancia de estos documentos como instrumento de lucha contra la impunidad y de garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, se reconoce que, por la información que contienen, están expuestos a riesgos² que hacen necesarias medidas, complementarias a la gestión documental de cualquier documento de archivo, para su protección, preservación y acceso.  

En tal sentido, el Gobierno Nacional ordenó³ al Centro Nacional de Memoria Histórica y al Archivo General de la Nación la tarea de diseñar, crear e implementar un protocolo de gestión para estos documentos. El resultado de esta articulación es el Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, expedido de manera conjunta por ambas entidades a través de la Resolución 031 de 2017 y de obligatoria adopción y cumplimiento por parte de la administración pública en sus diferentes niveles, incluyendo las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000⁴.  

La importancia de este Protocolo, actualizado en una segunda versión en julio de 2022, radica en que 1) aporta elementos para la definición de “Archivos relativos a Derechos Humanos, memoria histórica y conflicto armado”⁵, 2) define unos criterios para su identificación y 3) establece unas medidas, transversales a la gestión documental⁶, para la protección, valoración, preservación, acceso y difusión de estos documentos.   

La implementación de las medidas de gestión documental establecidas en el Protocolo y la consecuente protección, preservación y acceso a los documentos públicos que contengan información relativa a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario sucedidas en el marco del conflicto armado, difícilmente se puede garantizar sin llevar a cabo, de manera preliminar, una actividad fundamental: la identificación de los documentos que contienen esta información. 

Para llevar a cabo esta tarea, el Protocolo ha determinado cuatro criterios: 1) Misional para entidades públicas y demás organismos regulados por la Ley 594 de 2000, 2) Misional para organizaciones de la sociedad civil, 3) Contexto y temporalidad histórica y 4) Criterios temáticos ​(Archivo General de la Nación - Centro Nacional de Memoria Histórica, 2022, pág. 11 y 12)​. 

Los archivos públicos entonces, dentro de sus múltiples usos, deben estar al servicio de la reconstrucción de las memorias del conflicto armado y la garantía de los derechos de las víctimas. En este sentido, las entidades públicas que producen y custodian documentos que contienen información pertinente a estos fines, deben asegurar su acceso, el cual no es posible sin una adecuada gestión de estos documentos. A su vez, la efectiva gestión y administración de estos documentos depende de la implementación de principios, procesos e instrumentos de la gestión documental junto con la aplicación de las medidas establecidas en el Protocolo. Estas medidas incluyen, como actividad fundamental la correcta identificación, a partir de la cual se pueden derivar acciones de protección y acceso. 

A pesar de la importancia de adelantar adecuadamente esta tarea aplicando los antedichos criterios, su realización ha venido suscitando una serie de inquietudes y dificultades que pueden deberse a que implica llevar a cabo un ejercicio de análisis amplio que involucra el posicionamiento de los documentos en un espacio y un tiempo del pasado que requiere necesariamente definir, examinar y comprender contextos específicos que brinden un marco lógico de sentido (integral y más completo) a las violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Aunque estos contextos no son fáciles de entender y relacionar, a su vez, con los documentos, investigaciones como las que, entre 2009 y 2011, desarrolló la entonces “Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Archivo de Bogotá” en el marco del proyecto de investigación Los archivos y el deber de memoria del Estado colombiano en casos de violación de Derechos Humanos en el conflicto armado, generaron publicaciones como La construcción del contexto y la metodología del estudio de caso ​(Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011)​. 

Esta publicación es producto de un ejercicio de investigación que, sobre el caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial de jóvenes de Soacha, analizó, desde el enfoque de la “economía política de la violencia”, la relevancia de los contextos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos dentro del conflicto armado para dar cuenta de cómo dichas violaciones se articulan a los ciclos de violencia estructural, normalizada y simbólica que se presentan en Colombia y, a partir de esto, aportar la mayor cantidad recursos documentales que permitan, por una parte, “entender las lógicas que articulan los relatos de violaciones de Derechos Humanos dentro del continuo histórico de acciones violentas de la sociedad colombiana” ​(Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, pág. 90)​ y, por otra, “evitar destruir documentos que, con el tiempo, puedan ser imprescindibles para averiguar un delito o restituir sus plenos derechos a un ciudadano” ​(Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, págs. 86-87)​. 

Esta investigación pone de presente que, dentro de los diversos debates acerca de la reconstrucción de la(s) memoria(s) histórica(s) del conflicto armado, se decantaron enfoques que criticaban el “boom” de prácticas de evocación descontextualizada” ​(Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, pág. 85)​ constituidas por aquellos ejercicios que recogían y presentaban relatos de violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario como episodios desarticulados, sin ir más allá para descubrir y entender las formas en las que casos particulares se articulan a las dinámicas de violencia estructural⁷, simbólica⁸ y normalizada⁹ que se presentan en el país y evidenciar las causas concretas de que violencias estructurales se hayan materializado en violaciones a los Derechos Humanos: 

“Esto es que los contextos no exploren únicamente las causas directas del desplazamiento forzado o las masacres (violencia directa), sino que se adentren en las razones estructurales como: la pobreza extrema, la exclusión, el racismo, la violencia de género entre muchas otras formas” ​(Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, págs. 137-138)​. 

Por ello, entonces, al realizar el análisis que implica establecer si la información contenida en un documento público es o no relativa a los Derechos Humanos, la memoria histórica y el conflicto armado, no sólo se debe considerar si aporta datos acerca de la comisión de un acto que viola el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o infringe el Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado —si refiere, por ejemplo, circunstancias de tiempo, modo y lugar— si no que, también se debe tener en cuenta: 

“… aquella información contextual que definitivamente determina la vida de las personas previa, durante y posterior al hecho violento. Esta información de contexto social, político, económico cultural e histórico, articula los relatos de las víctimas y victimarios de violaciones de Derechos Humanos dentro de la historia nacional de la violencia, que desde mediados del siglo XX obedece a intereses particulares de acumulación de poder y capital” ​(Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, pág. 138)​. 

Ahora bien, para definir si un documento, más allá de información referida a violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, contiene información acerca del contexto en que éstas se presentaron, es necesario conocer, por lo menos en líneas generales, ese contexto. En otras palabras, entre más y mejor información se tenga acerca de las causas, desarrollo, manifestaciones y consecuencias del conflicto armado en un lugar y tiempo determinados, más completa será la identificación de archivos relativos a los Derechos Humanos. 

Los criterios de identificación establecidos en el Protocolo toman en cuenta esta consideración y es por eso por lo que, de los ocho criterios de identificación temáticos, siete (literales b. al h.) aluden a información relacionada con el contexto en que graves violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario sucedieron: 

b. Acciones institucionales derivadas de la denuncia de tales violaciones a los Derechos Humanos, la reclamación de medidas de atención humanitaria y de reparación integral. 

c. Contexto local, regional o nacional de desarrollo del conflicto y sus impactos diferenciados en la población.  

d. Perpetradores de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH y su modus operandi. 

f. Acciones de exigibilidad de garantía a los Derechos Humanos de parte de la sociedad y de las víctimas. 

g. Respuestas institucionales frente a las violaciones a los Derechos Humanos o de la reclamación de las reparaciones.  

h. Modos de vida, proyectos familiares, sociales, políticos y comunitarios afectados por la dinámica del conflicto armado interno. 

i. Modos de resistencia de la sociedad civil frente al conflicto armado ​(Archivo General de la Nación - Centro Nacional de Memoria Histórica, 2022, págs. 11-12)​. 

A partir de lo anteriormente expuesto, destacamos las siguientes conclusiones, que desde una mirada esquemática representamos así: 

1. Las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurren en el marco de un contexto geográfico, histórico, social, cultural, económico, político, etc. Entre más completo sea el análisis de este contexto en relación con las dinámicas del conflicto armado interno, más y mejores insumos se tendrán para evidenciar y entender las circunstancias que rodean el antes, el durante y el después del acto violatorio. 

En tal sentido, se contará con más y mejores elementos para examinar el contenido de los documentos producidos en relación con este marco y determinar si la información que estos documentos contienen da cuenta y permiten complementar ese contexto. lo cual, dicho sea de paso, lo permite identificar como documento relativo a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 

2. Una de las tareas por las que se ha instado como parte de los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica del conflicto armado colombiano es la de indagar y dar cuenta acerca de cómo se articula un acto que constituye una grave y manifiesta violación a los Derechos Humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario a los ciclos de violencia estructural, simbólica y normalizada que se han generado a lo largo de la historia del país.

3. Existe una clara correspondencia entre la importancia del contexto del conflicto armado, tanto para la identificación de los documentos como para el uso de la información que contienen en la construcción de ese mismo contexto, con los criterios de identificación temáticos establecidos en el Protocolo. 

Referencias: 

• Archivo General de la Nación - Centro Nacional de Memoria Histórica. (2022). Protocolo de gestión documental de los archivos referidos a las graves y manifiestas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Bogotá D.C.: Archivo General de la Nación - Centro Nacional de Memoria Histórica. 
• Cabrera Orozco, F., & Pasuy Miticanoy, L. (2011). La construcción del contexto y la metodología para el estudio de caso (Vol. 1). Bogotá D.C.: Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 

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¹ Cuya vigencia se ha prorrogado por diez años a través de la Ley 2078 de 2021.

² Especialmente de sustracción, destrucción, alteración, ocultamiento o falsificación.

³ Numeral 4, artículo 2.2.7.6.20, Decreto 1084 de 2015.

⁴  Numeral 4, artículo 2.2.7.6.20, Decreto 1084 de 2015 y artículo 2, Resolución AGN – CNMH 031 de 2017.

⁵ “Los archivos relativos a derechos humanos de memoria histórica y conflicto armado, se refieren a documentos y agrupaciones documentales de diversas fechas, soportes, medios y formatos, producidas, reunidas o preservadas por personas, entidades públicas y privadas, del orden nacional e internacional, que testimonian y contribuyen a caracterizar las graves violaciones de los Derechos Humanos, las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y hechos relativos al conflicto armado interno, así como sus contextos”, considerando dentro de esta definición “todos los soportes y formatos (análogos, electrónicos y digitales), bajo los cuales registran, almacenan y conforman archivos las instituciones a las cuales aplica el presente protocolo, dentro de los que se incluyen bases de datos, desarrollos de software, documentos no textuales y formatos no convencionales” (Archivo General de la Nación - Centro Nacional de Memoria Histórica, 2022, pág. 10).

 ⁶ Estas medidas, de hecho, deben aplicarse en el marco de los procesos de gestión documental (Archivo General de la Nación - Centro Nacional de Memoria Histórica, 2022, pág. 17 a 28).

⁷  El “tipo de violencia moldeada por instituciones, relaciones y campos de fuerza, como la pobreza, la exclusión, el racismo, la inequidad de género, etc., es lo que conocemos como violencia estructural” (Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, pág. 89).

⁸  “La violencia simbólica, por su parte, es entendida como los mecanismos por los cuales los sectores de la población, socialmente dominados, naturalizan el statu quo y se culpan a sí mismos por su dominación, transformándolo de este modo en algo que parece legítimo y natural” (Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, pág. 90).

⁹  La violencia normalizada “llama la atención sobre la producción social de indiferencia ante las brutalidades institucionalizadas” (citando a Burgois, 2009. p:31). Para el caso que nos compete, se crean discursos como el que la pobreza es producto de la pereza o que el desempleo es causa del desinterés por tener un trabajo. Con esto, la sociedad se hace indiferente al problema, se incrementan las violencias íntimas y los poderes estructurales legitiman más acciones violentas (Cabrera Orozco & Pasuy Miticanoy, 2011, pág. 89).

Fotografía

Fotografía: "1 de Mayo, Un desfile de protesta". En: ALTERNATIVA No.211 (mayo 3-10, 1979) p. 20-21. Colección Hemerográfica del Archivo de Bogotá.