Por Patricia Pecha Quimbay
El Cabildo de Santa Fe se estableció con la fundación de Bogotá en 1539 como primera y única forma de autoridad civil en las tierras recién conquistadas del altiplano. En principio estuvo compuesto por seis regidores, un escribano y dos alcaldes ordinarios que tomaban decisiones sobre peticiones, despachos y solicitudes de mercedes ante el rey y sobre el nombramiento del teniente, justicia mayor y capitán general en el Nuevo Reino.
En 1549, con el establecimiento del tribunal de la Real Audiencia y el inicio del régimen legal determinado por la Corona española, el Cabildo tomó su carácter de representante y defensor de la ciudad y circunscribió su poder a la municipalidad, debiendo someterse a la jefatura inmediata de la máxima autoridad del Reino. Para 1717, con la creación del virreinato en la Nueva Granada, la manera de gobernar se modificó y la Real Audiencia quedó presidida por el virrey, pero continuaba interviniendo sobre el control de precios, la provisión de alimentos, la atención de salud de los habitantes y las obras de infraestructura para la capital. Por su parte el Cabildo ejercía como asamblea representativa, impartía justicia, gobernaba y administraba la ciudad.
En el inicio del período republicano, pasadas las tensiones políticas en que muchas de las provincias bajo el dominio español avanzaron hacia la independencia, algunas instituciones virreinales desaparecieron mientras que el Cabildo permaneció sin sufrir modificaciones importantes en su funcionamiento, aunque comenzó a denominarse Concejo. Durante todo el siglo XIX, esta institución enfrentó los cambios impuestos por las guerras de Independencia, la creación de los Estados Unidos de Colombia y la subsiguiente decisión del general Tomás Cipriano de Mosquera de convertir a Bogotá en Distrito Federal en 1861, bajo el poder de un jefe municipal y de una Corporación compuesta por doce miembros elegidos por voto directo.
Para 1886, luego del limbo jurídico en que permaneció la ciudad por su segregación del territorio de Cundinamarca, el modelo federal fue reemplazado por la centralización política y descentralización administrativa planteada en el proyecto político de Rafael Núñez, que originó la Constitución Política, y bajo la dirección de un gobernador con la ayuda de un Consejo Administrativo que remplazó en sus funciones al Concejo Municipal. Bogotá quedó entonces bajo jurisdicción directa del gobernador de Cundinamarca, en calidad de Municipio, en la que vivió hasta 1905 cuando la Ley 17 erigió a Bogotá en Distrito Capital administrado directamente por el Gobierno Nacional y bajo la dirección de un gobernador.
El Concejo Municipal fue restablecido por la Ley 65 de 1909 que devolvió a Bogotá su condición de capital del Departamento de Cundinamarca, administrada por el Concejo, el alcalde y el personero municipal. En 1926, la Ley 72 concedió facultades especiales al Concejo de Bogotá al asignarle la reglamentación de los juegos permitidos y todo lo concerniente a la moralidad y espectáculos públicos. Las funciones de la Corporación se incrementaron en 1936, cuando se le facultó para que reglamentara la policía local, determinara el perímetro urbano y estableciera obligaciones tributarias, dando a la ciudad mayor autonomía administrativa y fiscal. Con la reforma constitucional de 1945, se organizó a Bogotá como Distrito Especial, con autonomía administrativa frente a la Asamblea y al gobernador de Cundinamarca, pero seguía perteneciendo a dicho Departamento en materia política. En desarrollo de las normas consignadas en la Constitución, el presidente de la República expidió el Decreto legislativo 3640 de 1954 por medio del cual organizó el Distrito Especial de Bogotá, sin sujeción al régimen municipal ordinario.
Para 1968, con la expedición del Decreto 3133, Bogotá dejó de depender administrativamente del Departamento de Cundinamarca y estableció como organismos de gobierno y administración al Concejo, el alcalde mayor, las Secretarías y Departamentos Administrativos, la Junta Asesora y de Contratos y la Junta de Planeación Distrital. En el marco de las reformas impuestas por la Constitución Política de 1991, el alcalde Jaime Castro propuso e impulsó la promulgación del Decreto ley 1421 de 1993 que contenía el régimen político, administrativo y fiscal para gobernar a la capital. En relación con el Concejo, esta norma dispuso que fuera la suprema autoridad del Distrito Capital con atribuciones sobre la planeación y definición del presupuesto, control, fiscalización y vigilancia de la gestión del Gobierno distrital.
Historia archivística
Los documentos del archivo del Concejo de Bogotá han sufrido los efectos de conflictos bélicos, mutilaciones, clasificaciones hechas por personal poco calificado y siniestros como el incendio ocurrido el 20 de mayo de 1900 en el edificio de las galerías Arrubla, también llamado “portales del Cabildo”, situado al costado occidental de la Plaza de Bolívar, donde la mayor parte de los documentos del período colonial y de los primeros años de la república, generados por el Cabildo y por otras entidades que a principios del siglo funcionaban allí, fueron consumidos por las llamas.
Forma de ingreso
Acopio por transferencia realizada el 9 de septiembre de 2004. El Concejo de Bogotá realizó actividades de organización de sus documentos y a partir del año 2004 ha transferido al Archivo de Bogotá en cinco oportunidades las series documentales valoradas para su conservación. También ha realizado tres donaciones de material bibliográfico y hemerográfico de interés para la ciudad.
Contenido: Libros del Concejo de Bogotá, siglo XX
Actas
Actas de las sesiones del Concejo dentro de las que se destacan las actas de las comisiones de higiene y asistencia, general, contratos, educación, gobierno y policía, hacienda, obras públicas, presupuesto, salud, bienestar social y planes de desarrollo. También se encuentran actas de sesiones públicas y secretas y unos pocos tomos de actas de entrega de las bibliotecas filiales, la Junta de Remates y la Junta Directiva de la Caja de Vivienda Popular. Algunos de los asuntos tratados en las sesiones se relacionan con tarifas del Acueducto, quejas contra el alcalde, emisión de billetes, bienes del Municipio, empréstitos nacionales y extranjeros, situación de la tesorería de Hacienda, higiene, talleres para señoritas, mataderos, mercados, Teatro Municipal y Tranvía Municipal.
Acuerdos
Los acuerdos sancionados por el Concejo muestran una actividad intensa en relación con el proceso de construcción de la ciudad y revelan el papel de esta entidad en el desarrollo de temas como alumbrado, agua, aseo, auxilios, beneficencia, cementerios, circos, correspondencia, cuentas, embellecimiento, estadística y nomenclatura, fincas del municipio, honores, impuestos y contribuciones, industrias, instrucción pública, Junta de Patronos, matadero público, obras públicas, parques, plazas de mercado, policía, quejas y reclamos, recaudaciones, remates, salubridad, sucesiones mortuorias, teatro municipal, teléfonos y tráfico.
Memoriales y notas
Contienen la correspondencia remitida por la Secretaría del Concejo, organizada cronológica y alfabéticamente. Esta documentación complementa los proyectos y expedientes de Acuerdos, e informa acerca de la vida social, económica y política de la ciudad.
Proyectos de Acuerdo
Contienen las propuestas, la exposición de motivos, las discusiones, los informes de las comisiones y los pliegos de modificaciones que debió sufrir el proyecto original.
Documentación relacionada
Para finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, algunos de los asuntos tratados y documentos producidos por el Concejo de Bogotá se encuentran publicados en el Registro Municipal, que recoge los acuerdos y resoluciones de la municipalidad, las actas, los informes de las comisiones, los proyectos presentados, los decretos del alcalde, las notas oficiales de los empleados del Distrito, los estados de caja, datos estadísticos sobre la población, hospitales, mercados, carnicerías, escuelas, obras públicas y todo lo relativo a la Administración Municipal. El Archivo de Bogotá conserva esta publicación de los años 1886 a 1954.
Asimismo, por medio del Acuerdo número 22 del 31 de agosto de 1965, el Concejo del Distrito Especial de Bogotá creó el Registro Distrital para que en él se publicaran, bajo la dirección del secretario de Gobierno, los acuerdos, resoluciones, decretos, informes y actos importantes de la Corporación y de la Jefatura Municipal y Alcaldía, así como los estados de caja y tesorería. En el Archivo de Bogotá se encuentra disponible esta publicación para su consulta.
En los Anales del Concejo de Bogotá se publica la producción legislativa del Concejo Municipal, que contiene los proyectos de acuerdo y exposiciones de motivos e informes de las comisiones. A partir de 1992 este medio registra las propuestas de normas que estudia el Concejo sobre asuntos que tienen que ver con la ciudad como impuestos, presupuesto, códigos, planes de desarrollo y plan vial, entre muchas otras. En el Archivo de Bogotá se encuentran los Anales del Concejo de los años 1934 a 1953; 1955 a 1977; 1983 a 1986; 1992 a 1994 y 1998 a 2001.
Alcance
La importancia de los documentos generados por el Concejo de Bogotá radica en que provienen de la institución más antigua y una de las más importantes que tiene la ciudad, y que ha sido actor crucial en la toma de decisiones en materia de gobierno, policía y economía urbana. La influencia que ha tenido el Concejo en el desarrollo de Bogotá hace que su documentación se convierta en fuente básica para conocer la administración de la ciudad.
Bibliografía
Abril, Marta y Hernando Rojas (2002). “El Concejo de Santa Fe de Bogotá, reseña histórica”. ponencia presentada al II Encuentro de Archivos e Investigación. Bogotá: noviembre de 2002.
Echeverri Posada, Patricia (2007). Historia del Concejo de Bogotá. 1539-2007. Bogotá: Concejo de Bogotá.
Rodríguez Baquero, Luis Enrique (2003). Historia institucional del Concejo de Bogotá. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría General, Proyecto Desarrollo e Implementación del Sistema Distrital de Administración de Archivos.