Archivo de Bogotá Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá

Bogotá ansiaba tener un servicio público de transporte “por el sistema y modo usados en Nueva York”. Es así como el tranvía llegó a nuestro país a través de William W. Randall y luego por la concesión, a treinta años, con la empresa creada por él llamada The Bogota City Railway Company. Este contrato se sancionó por el acuerdo 22 del 28 de octubre de 1882 “Aprobatorio de un contrato” y se elevó a escritura pública en la Notaría Tercera de Bogotá, y en este, el señor Randall se comprometía a la construcción de pasos de rieles, a mantenerlos en perfecto estado, limpio y aseado y a brindar un servicio de calidad y pagar una suma al distrito por el permiso para el establecimiento del ferrocarril urbano.

Hacia 1882 llegó el tranvía de tracción animal conducido sobre rieles de madera, mientras en Europa ya habían inaugurado el tranvía eléctrico. Ocho años después del inicio del contrato, se importaron, desde Inglaterra, los rieles de hierro. Sin embargo, ante la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá llegaron muchas quejas sobre el mal estado de las vías por donde pasaba el tranvía, de la suciedad que imperaba (a pesar de que la empresa exigía cumplir un reglamento de vestimenta y comportamiento para ingresar al transporte) y de la baja calidad del servicio.

Adicional a estas quejas, la empresa no estaba cumpliendo con la construcción de nuevas vías ferroviarias ni estaba pagando el permiso para su uso. Es por esto que el municipio decidió instaurar una demanda contra la Compañía del Tranvía. Este pleito versaba sobre resolución de contrato sobre establecimiento de tranvías en la ciudad.  Los abogados que oficiaban a favor de la ciudad eran Silva, Montaña y Compañía contra la Compañía del Tranvía. En el Registro Municipal número 562 del 31 de octubre de 1892 se publicaron los fallos en primera y segunda instancia del juicio.

El fallo de primera instancia, según publica el Registro Municipal, se dio a favor del municipio. El Juzgado Primero Municipal emitió el fallo de la demanda, el 3 de septiembre de 1892, por incumplimiento de contrato. La ciudad exigía el pago tanto de una indemnización como la suma adeudada por el permiso, la cual se elevaba a un total de $12.500 pesos. La municipalidad solicitó un peritazgo para evaluar el monto que debía pagar por la propiedad del sistema del tranvía. Y se quejaba, además, de que lo construido no se hizo a la usanza de Nueva York, según examen de Enrique Lemly, ciudadano estadounidense y conocedor de los tranvías, y otros ciudadanos ilustres colombianos que habían viajado a Nueva York.

En ese momento, la cabeza de la empresa era J. E. Davies. Se dice que esta compañía tratóde dilatar el proceso, pero no le fueron aceptados sus autos y apelaciones. Pero el mal servicio era evidente en la ciudad. Debido a los malos rieles, los tranvías se descarrilaban y el municipio acudió a testimonios de ciudadanos ilustres para demostrarlo ante el juzgado que llevó la causa. 

Finalmente, se pidió una suma de $43.293 como base de lo que el municipio debía pagar por la propiedad de la Compañía del Tranvía, la cual no fue aceptada, pues era insistente la negativa de la compañía en mostrar sus libros contables. Y aunque no se exigió el pago del permiso, ya que, según jurisprudencia, sería darle el derecho de concesión a la Compañía, ni tampoco el pago de indemnización de $30.800 por no estar basado en pruebas contundentes, sí se ordenó instaurar otro juicio para evaluar, verazmente, el monto real de esa indemnización y otro adicional para hacer el peritazgo de la compra de la compañía. Lo cierto es que tanto el contrato como el permiso quedaron anulados y solo hasta el año de 1910 pasó a manos reales de Bogotá el sistema del Tranvía después de estas demandas y de protestas y boicot por parte de los pobladores de la ciudad.